MANIFIESTO A FAVOR DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y
DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
Estamos siendo testigos de la durísima campaña encabezada por la Iglesia y por los
sectores más conservadores contra EL Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Una campaña
plagada de demagogia y mentiras.
Es necesaria la reforma porque después de 25 años de la actual ley, el marco legal ha
quedado obsoleto e insuficiente, no contemplaba evolución de la sociedad española y
genera inseguridad jurídica y desigual en su aplicación. La actual ley mantiene el IVE
como delito tipificado en el Código Penal, y no impide que mujeres que han abortado
legalmente y sus médicos se vean inmersas en denuncias y procesos judiciales, por eso
es necesaria la reforma planteada por el PSOE.
Ante esta realidad la nueva Ley reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su
propia maternidad y su sexualidad y por el derecho a una interrupción voluntaria
segura siguiendo las recomendaciones que desde Naciones Unidas, la Organización
Mundial de la Salud y la Unión Europea se han realizado para que se aprueben
legislaciones seguras y con garantías para el ejercicio del derecho y a la dignidad de
las mujeres.
Con esta Ley se establece una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva para
conseguir reducir el número de embarazos no deseados, y por lo tanto el de
interrupciones voluntarias del embarazo porque 0 embarazos es = a 0 abortos.
La Reforma de la Ley contempla:
La incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema
educativo que incluye el derecho a la información y educación sexual, a la
maternidad responsable y a la anticoncepción.
Elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de
prevención de embarazos no planificados.
Garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dándoles a las
mujeres la posibilidad de decidir libremente sobre la interrupción de su
embarazo durante la primera fase de gestación (14 semanas), primando el
derecho de la mujer a decidir y despenalizando el aborto dándole una nueva
redacción al art. 145 del Código Penal.
Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo gratuita y de calidad,
incorporándola a la Cartera de Servicios de la Seguridad Nacional de Salud,
garantizando la protección de la intimidad y confidencialidad de las mujeres.
Reconocer capacidad jurídica y de obrar a las menores de edad a partir de los 16
años, eliminando la excepcionalidad que recoge la actual Ley básica reguladora de
la autonomía del paciente.
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